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The catastrophic results of the PP and PSOE in the last 2014 European election, together losing more than 5 million voters and dropping to a combined 48% of the vote, shook up Spain’s traditional two-party system. Unlike the rest of Europe, they did not lose out to Eurosceptic or populist parties mainly on the right, but to new leftist parties asking for fairer, more social policies from the EU.

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Siete de los partidos españoles que obtuvieron representación europea en las elecciones del 25 de mayo se habían creado en los últimos años, alguno de ellos pocos meses antes de los comicios. ¿Anécdotas de éxito excepcionales o termómetro de movimientos más profundos? Si atendemos a las inscripciones en el registro de partidos del Ministerio de Interior (requisito imprescindible para poder presentarse a las elecciones), la entrada de nuevos partidos es un fenómeno en aumento continuo desde los años 1990s. Como señala el gráfico, cada vez se crean más partidos. El récord tiene lugar en el último ciclo: entre 2008 y mayo de 2014 se inscribieron 987 nuevos partidos. Desde 2008, de promedio, se han venido inscribiendo en el registro 15 partidos al mes, uno cada dos días.

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Si observamos la evolución del debate político en los últimos años, podríamos tener la impresión de que se ha reavivado con la crisis y sus duras consecuencias. Pero no nos dejemos engañar: la política nos interesa hoy más que hace años, y hemos incrementado nuestra atención y nuestra exigencia hacia los políticos, pero seguimos hablando muy poco de políticas. Nuestro debate público sigue padeciendo la misma falta de calidad de los años de bonanza: la política vista como un juego de trincheras, como una discusión entre esencias ideológicas, una competición entre identidades partidistas, o, en una versión muy de moda, como una lucha entre el pueblo y ‘los de arriba’.

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Uno de los rasgos prominentes del sistema político español es el papel central y predominante del gobierno en la vida política. Y dentro del ejecutivo, el presidente del gobierno, ya de por sí muy fuerte según nuestro ordenamiento, ha tendido a ganar peso y protagonismo. Es lo que Fabbrini ha llamado el ascenso del príncipe democrático.

Ello se explica por la tendencia a la personalización del poder gubernamental o, como algunos lo denominan, a  la presidencialización de la política, una tendencia que se ha visto auspiciada por los cambios en la estructura de la comunicación, por la internacionalización de la política protagonizada precisamente por jefes de Estado y de gobierno y por la erosión de las fracturas tradicionales que han conducido, hasta hace muy poco, a la convergencia ideológica de los grandes partidos.

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Se extiende una percepción negativa hacia los partidos por el supuesto debilitamiento de su papel en las dos principales funciones que desempeñan en las democracias parlamentarias: motor de participación política y provisión de cargos públicos representativos y de calidad.

Pero, ¿hasta qué punto los problemas de conexión social son la consecuencia de disfunciones internas de los partidos? ¿Realmente la ciudadanía no participa más en los partidos porque conoce sus limitaciones internas? En definitiva, ¿más democracia interna favorecerá una reconexión entre partidos y ciudadanos?

Esto nos lleva a plantearnos algunos escenarios de futuro para los partidos a medio plazo.

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Nuestros dirigentes políticos tienen, en términos formales de currículo, una formación muy alta: el 81% del conjunto de diputados autonómicos desde 1980 (un porcentaje mayor para los consejeros autonómicos), el 90 % de todos los diputados y senadores nacionales (si incluimos entre ellos al 10% con Diplomaturas) y el 95 % de los ministros poseen una o más titulaciones universitarias. En el caso de los ministros, casi la mitad de ellos completó, además, su formación de posgrado con masters y tesis doctorales (especialmente entre los ministros de las etapas de gobierno socialista). No escasean tampoco los números 1 en su promoción o en oposiciones en los cuerpos de elite del Estado.

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Como apunta Andrés Ortega en su reciente libro publicado, Recomponer la democracia, “se ha asentado la idea de que en España sobran políticos”. Efectivamente, casi todos los ensayos de diagnosis sobre el estado de nuestra democracia coinciden en apuntar a la clase política como un factor relevante. “Hay demasiados políticos”. “Son de mala calidad”. “No nos representan”… ¡La casta! (esa sugerente imagen sin fundamento empírico, que hemos tratado de desmontar aquí y también aquí, y seguiremos haciéndolo en futuros artículos). Por eso, nos pusimos a contar políticos. Podemos estimar algo menos de 125.000 puestos de carácter político en España. ¿Son muchos o pocos?

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No resultaría original afirmar que muchos ciudadanos están hartos de los políticos en España. Pero quizá no seamos tan conscientes de que también hay muchos políticos que empiezan a estar hasta las narices de la doble moral que demuestran a veces muchos de sus conciudadanos. Por supuesto, nadie está dispuesto a reconocer en público esto último (y menos aún a tuitearlo con desparpajo). Tampoco en otras democracias más sólidas y arraigadas.

El resultado es una suerte de proceso general contra la clase política (que algunos tratan inconscientemente de ‘casta’, como tratamos de refutar en nuestra nota semanal ‘No hay casta política. Hay política’) en muchas democracias occidentales.

Ante la renuncia a defenderse por parte de los propios afectados, la defensa más eficaz, argumentada y convencida proviene de aquellos académicos y publicistas que tratan de comprender la política desde el realismo humanista a izquierda y derecha. En esa tradición debemos ubicar el clásico de Bernard Crick, In defense of politics (1962), que ha inspirado la reciente Defending politics (2012), de Mat Flinders, así como In defence of politicians, de Peter Riddell, centrada en el caso británico.

Con una perspectiva más amplia, no podemos olvidarnos del aclamado Why politics matters(2006), de Gerry Stoker, o el no menos recomendable de Colin Hay Why we hate politics (2007). Todos ellos, por supuesto, en la estela de La política como vocación (1918), de Max Weber.

Detrás de estas obras late una idea común: no entender la naturaleza de la política y de los políticos que se dedican a ella alimenta en muchos ciudadanos sentimientos generales de desencanto, desafección y rechazo. Aparte de tratarse de sentimientos estériles, pueden confundirse peligrosamente con otras muestras de rechazo, estas sí mucho más justificadas, provocadas por casos concretos y probados de corrupción y aprovechamiento de la política en beneficio propio y en detrimento del bien común.

No sólo es que los políticos justos no deban pagar por los pecadores. Es que en ocasiones la decepción de los ciudadanos puede ser el producto de la propia desinformación y alejamiento de la política, cuando no de una visión cínicamente desajustada de lo político.

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Se empiezan a acumular imágenes que resumen la paradoja contemporánea de los poderosos impotentes. Las cumbres de líderes mundiales de los países más ricos reunidos apresuradamente y que resultan incapaces de tomar decisiones efectivas para afrontar realidades muy adversas. El muy influyente cardenal Ratzinger que, una vez convertido en Benedicto XVI, se ve obligado a abdicar al constatar su incapacidad para controlar y reformar la cúspide de la Iglesia Católica. Banqueros (o aprendices de banquero) humillados ante la publicación de sus mensajes de correo electrónico tras haber visto quebrar sus adineradas entidades bancarias. Grandes empresas .com que acabaron siendo adquiridas a precio de saldo o arruinaron a los que pagaron un precio distinto. Estados Unidos atacado dentro de su territorio y, a pesar del despliegue de una la fuerza intensiva de todos sus ejércitos, obligado a abandonar Irak y Afganistán como si huyera de un avispero. O pensemos en casa: un partido que gobierna en casi todas las instancias de poder posibles, con un adversario más debilitado que nunca, lo que no resulta suficiente para evitar dar la sensación de que todo se escapa al control a su alrededor y de que España ha perdido soberanía en beneficio de terceros y en detrimento de sus ciudadanos. Y muchas otras, matizadamente.

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Constitución

La valiosa serie de datos que el CIS ha ido recogiendo durante estas décadas de régimen constitucional nos permite observar cómo ha ido evolucionando la opinión de los ciudadanos ante su Carta Magna. Hay algunos elementos paradójicos, incluso desalentadores, sobre todo si se tiene en mente el ideal de ciudadano informado, crítico y conocedor de cómo funciona la sociedad política en la que vive.

Como ya indicaba Ignacio Jurado en sus dos sugerentes textos de nuestros vecinos Piedras de Papel (sobre la reforma constitucional y su finalidad), los ciudadanos se muestran cada vez más proclives a reformar la Constitución de 1978. En estos momentos, esa postura reúne más apoyos que nunca: casi seis de cada diez españoles mayores de edad. Probablemente, ello se debe en buena parte a la insatisfacción que los ciudadanos demuestran con el rendimiento del texto. Desde el inicio de la crisis, esa insatisfacción también ha alcanzado cotas inéditas: más de la mitad de la población se siente poco o nada satisfecha. Quizá ello también esté en relación con la percepción de que la Constitución no se respeta: en septiembre de 2003 (última vez que se hizo esa pregunta) el 53% de los ciudadanos opinaba que la Constitución se respetaba poco o nada en España. No hay motivos para pensar que hoy ese número sea menor.

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Como ya hemos comentado en otros posts anteriores, lo relevante en la economía de los partidos españoles es más bien el absoluto predominio de las financiación pública, no tanto la corrupción que pueda generar. Esta no es estrictamente, en la mayoría de casos, una consecuencia de cómo se financian los partidos. Los corruptos pueden verse incentivados por cómo regulamos esta cuestión, pero estoy seguro de que también sabrán ‘adaptarse’ a cualquier regla. Sin embargo, el debate ciudadano, después de cuarenta años de democracia, se resiste a reconocer y afrontar las posibles consecuencias, a veces perversas, que se derivan de una democracia donde los partidos han pasado a financiarse completamente del presupuesto público, mientras los ciudadanos les dan la espalda.

El principio de financiación pública para las campañas electorales y el funcionamiento ordinario de los partidos se estableció desde el primer momento en la Transición. Además, a partir 1987, la financiación privada quedó muy limitada (con algunas excepciones, como el agujero de la financiación anónima). Desde entonces, ha habido diversas reformas de la normativa que regula la financiación de los partidos, siempre con el argumento principal de la equidad política, la contención del gasto y, aunque en menor grado y sólo recientemente, la lucha contra la corrupción.

No obstante, a pesar de escudarse en el objetivo de reducir el gasto público dedicado a los partidos, el resultado sigue siendo que en España los partidos dependen esencialmente, y sin distinciones ideológicas, de la financiación pública (ver gráfico 1). Por el contrario, el peso de la financiación propia y de la privada es muy limitado. Lo que no quiere decir insignificante.

Tabla 1. % de los ingresos públicos (línea continua) y de las aportaciones de los miembros (línea de puntos) sobre el total de los ingresos. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Tribunal de Cuentas tal como los ha contabilizado Gloria Martínez-Cousinou (2013). Extraída del estudio de Casal, Rodríguez, Barrio y Barberà, de próxima publicación.

Tabla 1. % de los ingresos públicos (línea continua) y de las aportaciones de los miembros (línea de puntos) sobre el total de los ingresos. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Tribunal de Cuentas tal como los ha contabilizado Gloria Martínez-Cousinou (2013). Extraída del estudio de Casal, Rodríguez, Barrio y Barberà, de próxima publicación.

 

Este es uno de los factores que probablemente más condiciona la estructura de incentivos para que los partidos se transformen, se abran a la sociedad o se sometan a sus bases. Y sin cambiar ese punto, difícilmente podemos esperar una transformación de otros aspectos. Resulta demasiado contradictorio que los ciudadanos exijan más voz y representatividad a los partidos y a la vez se alejen de ellos y no contribuyan al coste de su funcionamiento.

El alejamiento entre ciudadanos y partidos parece ir paralelo a la conversión de estos en ‘agencias de utilidad pública’. Desde que podemos contabilizar los datos, de forma aproximada,la financiación pública no ha hecho más que aumentar, con pocas excepciones, a pesar de las llamadas de los propios partidos a contener el gasto. Como se ve en la Tabla 2, la aportación del Estado no ha dejado de incrementarse (a precios constantes). Sin ir más lejos, resulta especialmente llamativo que el acuerdo de 2007 para eliminar las subvenciones anónimas se saldó con un incremento importante de las aportaciones públicas. Todavía es pronto para evaluar el resultado de la última reforma de 2012.

Por otro lado, hay un elemento que apenas se ha tenido en cuenta en el debate político y académico: el uso de las instituciones autonómicas y locales para sostener la abundante financiación pública de los partidos. Aunque en ocasiones se ha tratado de afirmar que el gasto público se está conteniendo, debido a una moderación a la baja de las aportaciones de las instituciones centrales (lo que permite a los partidos argumentar que sus reformas están limitando el gasto electoral, etc.), la realidad es que esa contención se ha visto compensada con creces con el incremente vertiginoso del dinero público que reciben de las instituciones subestatales. La Tabla 2 muestra cómo el descenso de las aportaciones de la Administración central se están viendo substituidas por las que provienen de las instituciones autonómicas y locales. Como consecuencia de ello, desde 2000, los partidos ya reciben más dinero de las instituciones subestatales que de las instituciones centrales.

Esto nos señala otra debilidad de los partidos, relacionada con la financiación: el reforzamiento de las elites territoriales, que controlan las fuentes de financiación en ascenso. Creo que se ha llamado poco la atención a este fenómeno y a sus consecuencias.

Gráfico 2: Evolución de los ingresos a precios constantes (descontando el impacto del IPC, tomando como base 2008). El eje de la derecha muestra el % del dinero proveniente de cada nivel. Los datos locales deben considerarse una estimación a la baja de la realidad, porque sólo muestran lo que el TCU ha podido recoger a través de la información facilitada voluntariamente por los municipios de más de 20.000 habitantes. Datos oficiales del Tribunal de Cuentas. No se disponen aún de datos posteriores. Extraída del estudio de Casal, Rodríguez, Barrio y Barberà, de próxima publicación.

Gráfico 2: Evolución de los ingresos a precios constantes (descontando el impacto del IPC, tomando como base 2008). El eje de la derecha muestra el % del dinero proveniente de cada nivel. Los datos locales deben considerarse una estimación a la baja de la realidad, porque sólo muestran lo que el TCU ha podido recoger a través de la información facilitada voluntariamente por los municipios de más de 20.000 habitantes. Datos oficiales del Tribunal de Cuentas. No se disponen aún de datos posteriores. Extraída del estudio de Casal, Rodríguez, Barrio y Barberà, de próxima publicación.

Suele justificarse esta enorme ‘inversión pública’ en los partidos  por los principios de equidad en la competencia y de limitación al dinero interesado (el privado). No obstante, hay que recordar que, mientras se daba esta dependencia del dinero público, Bárcenas & co no dejaban de buscar más aportaciones y de distribuir sobres a gogó. Como sugeríamos al principio, la realidad nos ha enseñado que una cosa no evita la otra.

Debemos tener en cuenta esta realidad cuando hablemos de la democracia internas en los partidos. Todo esto tendrá implicaciones para las primarias. Algunos estudios en curso, a nivel comparado europeo, ya alertan de que la celebración de las primarias en muchos partidos de estructura tradicional les está generando nuevos problemas de financiación, lo que les lleva al dilema: o más financiación pública o entrada masiva de dinero privado, oficial u oficiosamente. Este dilema llegará a España en cuanto empiecen a celebrarse primarias en serio y con continuidad.

Alguna vez he oído argumentar, con eficacia, cómo la protección del Estado a la Iglesia católica en España (a través de una jugosa financiación pública) le ha dado muy pocos incentivos a esta para adaptarse a los cambios de la sociedad, como sí ha sucedido en otros países. Creo que se da una situación parecida en los partidos políticos españoles (y en otros países): cuando el recurso de los partidos a la financiación pública se convierte en la forma de substituir la pérdida de apoyos sociales, simplemente estamos tapando el problema de fondo. Democracia con partidos débiles y con ciudadanos ausentes.

[Publicado en Agenda Pública. Una versión mejorada se publicó en LSE Europp.]

La evolución del affaire Bárcenas pone contra las cuerdas al partido que gobierna y da pábulo a todo tipo de rumores y especulaciones sobre la capacidad del extesorero del PP para hacer caer el gobierno. Este asunto pone de manifiesto la enésima muestra de hasta qué punto fallan en nuestro sistema político los mecanismos de rendición de cuentas, especialmente cuando un partido ha obtenido previamente una mayoría política y social apabullante.

Ni siquiera la amenaza de una incierta moción de censura planteada por el jefe de la oposición, y condenada de entrada a la derrota, resulta suficiente para forzar una simple comparecencia del presidente del gobierno ante la cámara parlamentaria. Aunque, en este aspecto, una editorial del Financial Times y algunas decisiones caprichosas de algunos inversores en la otra parte del mundo pueden ser mucho más efectivas.

Sin embargo, comienza a aparecer en el debate de fondo la idea de que la decisión de Bárcenas de abrir sus archivos puede generar consecuencias drásticas: ¿Hará caer al gobierno? Tal como está el patio, no hay ningún argumento político racional para que un partido con mayoría absoluta en el parlamento avance las elecciones. Lo significativo en este debate es que la especulación sobre la caída del presidente procede, una vez más, de sectores políticos y mediáticos no muy lejanos a su partido. Esto puede abrir un segundo interrogante: ¿podría el PP optar por substituir al presidente sin convocar elecciones? ¿Hasta qué punto este escenario es verosímil y previsible?

El recambio de un jefe de gobierno en medio de legislatura, sin que cambie el partido del gobierno, es un escenario poco usual en las democracias parlamentarias, pero contamos con muchos ejemplos para entender en qué situaciones se produce. En el Reino Unido, desde los años 70, se ha producido esta situación cada vez que un partido ha gobernado y su grupo parlamentario se ha dividido hasta un punto insostenible (Wilson, Thatcher o Blair acabaron dimitiendo a media legislatura y fueron substituidos por sucesores del mismo partido sin que mediaran elecciones). En algunas de las clásicas democracias denominadas consocionales (Bélgica o Italia), el recambio de primeros ministros permitió reactualizar gobiernos de coalición con los mismos partidos en situaciones de crisis o desgaste (un sentido no muy distinto adquirió la dimisión de Berlusconi la pasada legislatura). En sistemas semipresidenciales como Francia, los presidentes cambiaron sus jefes de gobierno cuando la situación política lo requirió para contener el desgaste del gobierno sin llegar a elecciones. En Alemania, la figura de la moción de censura constructiva (que sólo adquiere verdadero sentido en situaciones de minoría parlamentaria) no pudo evitar la caída de Willy Brandt en 1974 y su substitución en medio de la legislatura por su colega Helmut Schmidt.

Ninguno de estos precedentes alimenta la hipótesis de que Rajoy pueda experimentar la misma suerte. Ni siquiera el precedente de Suárez excita la imaginación. Lo impiden la lealtad casi sumisa (voluntaria o forzada) de los diputados de su grupo parlamentario, el predominio absoluto de Rajoy en el seno del gobierno y su liderazgo reforzado en el partido.

Es inimaginable una revuelta de diputados como la que sí sufrieron Suárez o Calvo Sotelo. La democracia española no cuenta con verdaderos ‘backbenchers’ (diputados de segunda fila menos conocidos) dispuestos a hacer valer su autonomía en beneficio de sus electores ( una tendencia en aumento en el caso británico y en el conjunto de las democracias anglosajonas). Lo evita la altísima cohesión de los grupos parlamentarios españoles, incentivada por un sistema electoral muy cuestionado (pero también muy eficaz contra la ingobernabilidad) y, sobre todo, y a menudo se olvida, un reglamento parlamentario férreo, diseñado en 1982 precisamente para conjurar la desbandada que sufrió la UCD en los primeros años de democracia.

Menos aún cabe esperar una revuelta interna en el gobierno, al estilo de las que tumban gobiernos en el Reino Unido, por la simple razón de que, dentro del ejecutivo, todo está diseñado para subrayar el predominio del presidente ante sus ministros. De tal modo que casi todos los presidentes españoles han acabado comportándose ‘como si fueran’ el presidente de Estados Unidos. Rajoy no ha sido una excepción, y ha continuado la tendencia a la personalización del poder gubernamental que ya desarrollaron González, Aznar y Zapatero. Una tendencia que pasa por concentrar el control de las decisiones en Moncloa, no favorecer ministros longevos, dificultar su movilidad entre diferentes ministerios y nombrar pocos ministros parlamentarios, poniendo coto así al peso del grupo parlamentario dentro del gobierno e incentivando la lealtad personal al presidente antes que al propio partido.

Es cierto que a ello ha contribuido también una flagrante ‘excepcionalidad’ española: la inexistencia –hasta la fecha- de gobiernos de coalición, a pesar de que han predominado las legislaturas sin mayorías absolutas desde 1977. Este hecho, sin parangón en sistemas políticos equivalentes (y que se debe principalmente a la aversión al riesgo de los partidos nacionalistas o regionalistas, que han preferido recurrir la política de apoyos parlamentarios basadas en contrapartidas de apoyo político en los parlamentos autonómicos o de transferencias autonómicas) refuerza aún más al jefe del gobierno en situaciones de adversidad política, como pudo comprobar/disfrutar durante varios años el presidente Zapatero.

¿Podría venir la revuelta desde dentro del partido? En ese sentido se han pretendido interpretar las recientes críticas de Aznar a la acción de gobierno de Rajoy. No obstante, una cosa es cuestionar al gobierno desde dentro del partido y otra muy distinta es hacer caer al gobierno. El caso Bárcenas no es un problema de Rajoy, sino una amenaza a todo el PP, principalmente a los dirigentes de la etapa anterior, cuando prestó servicios buena parte de los que ahora podrían estar más enfadados con el presidente. Este hecho y la propia disciplina interna, cimentada sobre el uso partidista del presupuesto público y la distribución de cargos públicos y cargos de partido, son la mejor garantía para silenciar la oposición crítica interna.

Como consecuencia de ello, como ya explicamos en un post anterior (¿Puede haber rescate y Rajoy continuar como presidente del Gobierno?), la posibilidad de una dimisión presidencial es altamente improbable en el escenario actual “dadas dos particulares disfunciones de la política española: la ausencia de oposición interna y la debilidad de la oposición externa a la política del gobierno. Unas disfunciones que ponen de manifiesto la baja calidad en la rendición de cuentas que se da en nuestras instituciones públicas (más allá de las elecciones y del estricto acatamiento de la ley), así como de la enorme “tolerancia” que demuestran los ciudadanos hacia los errores de cálculo y las decisiones equivocadas de nuestros dirigentes políticos”.

¿Significa esto que hemos de descartar la hipótesis de un final abrupto de Rajoy a media legislatura? Probablemente. ¿Podría ser diferente? Sí. Y no hace falta ir muy lejos para encontrar escenarios políticos similares al español donde se han dado salidas muy distintas: la política autonómica. Aunque podemos encontrar en ella muchas de las características propias de la estructura política española estatal que parecen ser tan funestas para la renovación política (ley electoral y otras reglas institucionales, concentración de voto, etc.), ello no obsta para que también haya significativas diferencias en el proceso político.

Desde 1980, España ha tenido 85 presidentes autonómicos, de los cuales 41 tuvieron que dimitir, fueron depuestos, anunciaron su renuncia durante la legislatura o, en algún caso, fueron forzados a no presentarse a las elecciones por su propio partido. Griñán sólo ha sido el último caso. Sólo cinco de estos dejaron el cargo para ser optar a un cargo en la política nacional y cinco más dejaron el cargo tras perder una moción de censura. Esto no ha evitado que los presidentes autonómicos tengan una duración media similar a la de los presidentes del gobierno central (unos seis años) y esté en la franja alta de los presidentes regionales europeos. Por supuesto, la variedad es elevada: al lado de los Ibarra, Pujol, Bono o Chaves tenemos 38 presidentes que estuvieron menos de cuatro años en el cargo (sin contar los que están en el ejercicio). Diez presidentes apenas estuvieron un año.

Si prestáramos más atención a la política autonómica, en vez de simplemente denostarla, no sólo observaríamos que la política española puede ser diferente (hasta cierto punto), sino que entenderíamos por dónde puede evolucionar ésta en los próximos años, de confirmarse las tendencias al incremento de los terceros partidos.

Incluso con esta perspectiva autonómica, Rajoy podría contar con muchas opciones para mantenerse como presidente hasta el final de la legislatura. En realidad, la perspectiva autonómica desempeñará un papel crucial en este proceso. Más en concreto, las elecciones autonómica y locales de 2015. Si las condiciones políticas y económicas no cambian drásticamente (a mejor), y las malas perspectivas nacionales se trasladan al ámbito autonómico, no es difícil pensar que en el PP se desatará pronto la lucha por ser el próximo candidato a la presidencia del gobierno. Con permiso de Bárcenas.

 

[Publicado en Agenda Pública.]

Un PSOE-PSC a la alemana

No es extraño que el PP haya recomendado encarecidamente al PSOE que rompa con el PSC y se presente directamente en Cataluña. Tampoco es original: los partidos nacionalistas llevan años pidiendo al PSC que haga lo mismo y disuelva sus lazos con el PSOE. Que sea una propuesta interesada no les quita razón: nada mejor para favorecer electoralmente a PP, CiU o ERC que una explosión del espacio socialista en grupos diversos y enfrentados por cuestiones identitarias, lingüísticas o territoriales. No sólo serían más pequeños sino que se pasarían el resto del tiempo discutiendo sobre lo que les divide y no sobre lo que les debería unir.

Aunque resulta menos obvio, tampoco sorprende excesivamente que algunos líderes territoriales del PSOE hayan flirteado con la ruptura del PSC. Hablaban para sus electores locales, al menos para aquellos más sensibles con la españolidad del partido y preocupados por el ‘ruido’ que proviene de Cataluña. Lo paradójico es que cuando estos hablan para sus votantes extremeños, andaluces, castellanos o madrileños, lo hacen con la misma voluntad y receptividad con que el PSC trata de hacerlo hacia sus respectivos votantes catalanes. Algunos incluso plantean que el PSOE debería reforzar su E para que pueda representar una voz única en toda España. ¿A qué idea de España le puede crujir una coalición como la que mantienen el PSOE y el PSC desde hace 36 años? En cualquier caso, a una idea de la nación más restrictiva y empequeñecida que la que auspició el pacto entre socialistas catalanes y el PSOE en 1977-78.

No dramaticemos: los socialistas afrontan el problema frecuente de todos los partidos de ámbito estatal que aspiran a representar electoralmente a sus ciudadanos en un Estado descentralizado, donde existen hechos nacionales o diferenciales internos. Este es un fenómeno cada vez más común en Europa y más allá. Y en cada caso, los partidos han tratado de encontrar fórmulas diversas que procuren combinar lo uno y lo diverso.

¿Cómo reaccionan los partidos ante esta situación? Sin entrar en casos complejísimos, como el de India, existen tres grandes modelos de articulación de los partidos en países federales, descentralizados o con realidades nacionales segmentadas en su interior. En un extremo, los partidos unitarios fijan un discurso muy homogéneo nacionalmente, aunque esto les lleve a ser irrelevantes o minoritarios en aquellos territorios con identidades diferenciadas a los que renuncian a representar. Es el caso del partido conservador británico, que apenas existe en Escocia. En el otro extremo, los partidos divididos o incluso truncados deciden existir sólo en uno de los niveles electorales. El caso de manual pertenece al Canadá, donde unos partidos se presentan sólo en el nivel federal, mientras que otros se limitan al ámbito provincial (imagínense al PSOE presentándose en Cataluña en las elecciones generales mientras que el PSC lo hiciera sólo en las autonómicas catalanas). Más peculiar, y divisivo, es el modelo de partidos belgas, que se han dividido por territorios, hasta el punto de que no existe un partido nacional belga relevante.

Entre ambos extremos, se dan diversas opciones de integración más o menos fuerte entre la organización estatal y sus ramas regionales. El conflicto nunca falta. Allí donde existen fuertes diferencias territoriales, ningún partido nacional se salva de las tensiones que se pueden producir entre el centro y la periferia. El reto de los partidos es conjugar la defensa de un proyecto común con la representación de las diversas identidades, culturas e intereses territoriales que se dan en sociedades plurales. No hay una fórmula mágica ni un patrón único para este reto. Lo que menos sucede es que los partidos renuncien a adaptarse a las peculiaridades de cada territorio para ganarse el apoyo mayoritario del electorado. No hace falta ir muy lejos, porque España es un caso ‘ejemplar’ que cada día despierta más interés entre observadores y expertos del resto de Europa.

A pesar de la machacona insistencia, por parte de algunos líderes y partidos, en tener un ‘mismo mensaje en todas partes’, hoy ya sabemos que los principales partidos españoles prefieren adaptar sus programas y sus estrategias a cada territorio. El que más varía su discurso, y con más eficacia, el PP. Con ello, mejoran su representación y contribuyen a integrar la pluralidad de la política y la sociedad española. Todos sabemos que España no es Portugal ni Japón: por muy grande que hagamos la bandera, hay muchas formas de sentirse español, y hay muchos españoles que no se sienten tales. Y muchos de estos han votado PSOE e incluso PP. ¿Por qué renunciar a ellos?

Ese es el origen del PSC-PSOE. En 1977, se creó la coalición entre el PSOE y los socialistas catalanes para alcanzar la unidad –sin precedentes- del socialismo en Cataluña, que daría lugar a la creación del PSC un año más tarde. Hoy muchos socialistas han olvidado los motivos y la estrategia que llevaron a Alfonso Guerra y Felipe González a crear una alianza muy peculiar (y muy exitosa para ellos y para España), cuyos fundamentos ideológicos recogían, entre otros, el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña y la reclamación del derecho a la autodeterminación. Pero esta alianza también se reprodujo en otras fuerzas políticas. Así sucedió con la relación entre PCE y PSUC, luego reeditada con la coalición IU-ICV. O con la alianza entre PP y UPN en Navarra. Es verdad que en ambos casos, tanto IU como PP acabaron rompiendo, con los años, con sus referentes políticos y presentándose directamente. Resultado: no muy bueno. Tanto EUiA como el PP navarro se convirtieron en fuerzas políticas irrelevantes en Cataluña y Navarra.

Quizá lo más curioso de la alianza entre PSOE y PSC es la informalidad con que han llevado sus relaciones, y la escasísima evolución que estas han experimentado desde 1977. Cuando ambos partidos decidan revisar sus relaciones en serio, se encontrarán que el único documento de reglas que poseen a tal fin es un breve reglamento sobre cómo han de comportarse en el Congreso, redactado antes de que se creara el propio PSC. Esa informalidad fue útil y llevadera mientras el PSC fue un partido de oposición en la Generalitat de Cataluña. Pero cuando llegó al gobierno, de la mano de ERC e ICV, y trató de comportarse, por ejemplo, como el PSOE de Chaves, Bono o Rodríguez Ibarra, es decir, con discurso propio y fuerte autonomía para mantener la credibilidad ante sus votantes, el juego de equilibrios, pactos tácitos y creencias presuntamente compartidas se resquebrajó.

¿Qué van a hacer ambos partidos a partir de ahora? No parece que nadie se pueda tomar en serio las llamadas a la ruptura, al menos si asumimos que los partidos suelen ser actores racionales que no se dejan llevar por sentimentalismos ni bravuconadas. Más bien, ahora deberán hacer aquello que no se hizo durante más de tres décadas: clarificar las reglas con las que deben funcionar. ¿En qué sentido?

  • La alianza en el Congreso: A menudo se ha focalizado esta cuestión en torno a la reclamación de un grupo parlamentario propio del PSC. Innecesario. Mucho menos costosa y más expresiva es la posibilidad de voto diferenciado en cuestiones específicas. Por mucho que se explique, no se entiende que el PSOE imponga a los diputados del PSC una multa por votar lo mismo que votaron en el parlamento catalán unos días antes, y en cambio aplaudan si el PSC vota distinto una misma decisión en ambos parlamentos.
  • La alianza en el gobierno: Durante años, hemos asistido a una anomalía de la que nadie ha querido extraer las implicaciones derivadas. ¿Han sido los gobiernos de González y Zapatero gobiernos de coalición entre PSC y PSOE? La práctica de elevado personalismo que caracteriza a los presidentes españoles ha tapado esta cuestión, especialmente en situaciones de mayoría absoluta. No obstante, en momentos donde el PSOE debió buscar apoyos parlamentarios, la supeditación (a veces casi humillante) del PSC ante los socios parlamentarios de turno resultó difícil de sostener, especialmente durante el período de colaboración con CiU entre 1993 y 1996. Por no recordar la turbulenta negociación del estatuto catalán y la culminación final mediante una reunión entre Zapatero y Mas a espaldas de los socialistas catalanes. ¿Cómo negociarán ambos partidos la formación y el funcionamiento del gobierno si algún día vuelven a sumar mayoría parlamentaria? ¿Seguirá siendo el PSC un convidado de piedra a la espera de alguna recompensa en forma de ministerios?
  • La alianza interna: ¿Puede un socialista catalán ser candidato del PSOE a la presidencia del gobierno? Esta es la pregunta que algunos dirigentes socialistas se plantearon a propósito de Narcís Serra y Josep Borrell. Nadie sensato podría argumentar la negativa sin caer en el prejuicio anticatalán. ¿Puede un socialista catalán dirigir la organización federal del PSOE? Esto resulta más controvertido, si ambos partidos pretenden tomarse en serio su aireada autonomía entre organizaciones.
  • La alianza… ¿para hacer qué? Todos los analistas serios coinciden en que el principal motivo para no romper la relación entre ambos partidos es el interés electoral. Pero, ¿resulta suficiente motivo para mantener una relación puramente instrumental? El fracaso de las alianzas que IU y PP mantuvieron con ICV y UPN muestran el límite de relaciones entre partidos para los que el proyecto común se había desgastado. ¿Hasta qué punto está dispuesto el PSOE a tomarse en serio el sentimiento mayoritario que existe en Cataluña de manifestar una personalidad diferenciada en el marco del Estado? ¿Tiene el PSC un verdadero proyecto para incidir abiertamente en la política española? Si Maragall o Serra parecieron tenerlo, no queda claro que sus herederos hayan sabido recogerlo.

Quizá estos interrogantes, que bien podrían ayudar a actualizar el protocolo de relaciones entre ambos partidos, pueden sugerir respuestas poco viables de llevar a la práctica. Sin embargo, el PSOE tiene un referente claro en el que reflejarse: la relación que desde hace casi décadas vertebra la política alemana, a través de la alianza entre los democristianos de la CDU y sus homólogos conservadores bávaros, la CSU. En la relación entre democristianos y socialcristianos, ninguno de los interrogantes anteriores ha quedado sin respuesta. Merkel podría muy bien explicarle al líder socialista español cuántos dolores de cabeza les generan sus socios bávaros, y, a pesar de ello, cómo se ha beneficiado la derecha y el federalismo alemanes de esa ‘cooperación interesada’.

No obstante, algunos podrían objetar que la política española y catalana han entrado en un período de clarificación radical, en el que las ambigüedades han llegado a su ocaso. Es posible. Pero a menudo, los que abominan de la ambigüedad y la sutileza en política suelen manifestar, más bien, incapacidad para practicar la esencia de la política democrática: unir la diversidad.

[Publicado en Agenda Pública.]

A veces, sucede lo inimaginable: desaparecen partidos importantes o se convierten en irrelevantes. Todo empieza el día en que se da una combinación fatal: ganar el poder sin estar preparado. A veces son partidos que se acostumbran a estar en mayorías de gobierno sin tener mayorías sociales. Esto es lo que suele sucederle a partidos cuyo tamaño esconde una organización vulnerable (donde hay más hueso de aparato que músculo social) y que gobiernan al mismo tiempo que la sociedad experimenta cambios subterráneos profundos para los que este partido no está preparado. Paradójicamente, en esta situación, el partido tiende a centrarse en ocupar y gestionar el poder del presente sin apenas tiempo o incentivos para atender los retos del medio plazo. Ocupados en el arte de gobernar se olvidan del arte de representar. Olvidan con ello la esencia de la política democrática: sólo se gobierna con solidez cuando se representa con fuerza.

Esto nos conduce a uno de los enigmas más desconcertantes de la política: ¿pueden los partidos renovarse cuando están en el poder? ¿Pueden tratar de responder a los retos de los cambios sociales y culturales que se están produciendo en el electorado al mismo tiempo que gobiernan desde las instituciones? Desde hace más de un siglo, muchos partidos del mundo democrático han tratado de resolver este enigma. A veces con cierto éxito. Pero son muchos más los que han fracasado, presos de la paradoja del liderazgo cautivo: difícilmente los líderes se atreverán a reformar, en un partido, la misma estrategia que les ha llevado a lo más alto del poder, aunque a medio plazo esta amenace con quitarles lo que un día les dio. En realidad, el cambio en los partidos suele originarse en los electores, cuando una parte de estos deciden retirarles su confianza. Por eso, generalmente, los partidos mayoritarios suelen alternar períodos exitosos de gobierno con momentos duros de oposición, de crisis y de cambio. Un ciclo ineluctable: victoria-crisis-recambio-recuperación-victoria-crisis-recambio…

Sin embargo, hay dramáticas excepciones en los que este ciclo de éxito/fracaso se interrumpe. Esto sucede cuando los partidos, entretenidos en la gobernación, han sido incapaces de percibir la llegada de transformaciones profundas en el electorado. Incapaces de reaccionar, pueden estar tentados, al volver a la oposición, por adoptar una estrategia muy conservadora: esperar que el temporal amaine. Pero a veces no amaina. No hay temporal, porque lo que viene es un tsunami.

Existen casos ejemplares de grandes partidos que ocuparon la centralidad política hasta que el curso de la historia se los llevó por delante abruptamente, como sucedió con el hundimiento delPartido Liberal británico en los años 20 o el desplome del Partido Radical de Pierre Mendès France, arrastrando en su caída la IV República francesa.

Cuando se dan estas situaciones, altamente improbables pero no imposibles, todo empieza a fallar. El partido, desbordado por la fuerza del cambio electoral, incapaz de reaccionar, comienza un peligroso proceso de empequeñecimiento, en el que se disminuye su espacio electoral. He aquí la clave de la tragedia: se encoge el electorado, su base social, y con ello puede que también su base de afiliados. Pero no su estructura de mandos centrales y territoriales. El partido se hace pequeño por abajo. El cuadro se podría denominar “hipertrofia organizativa”. Y las consecuencias de este creciente desequilibrio entre base social y elites dirigentes pueden hacer aflorar entre los últimos las reacciones de supervivencia más genuinamente primitivas: ante el hundimiento de su entorno, los líderes de estos partidos acaban concluyendo que “yo gano si nosotros perdemos”. Un cálculo tan difícil de imaginar por parte de electores y afiliados como fácil de comprender por quien descubre que se puede mantener el control de un partido a pesar de la derrota electoral y de la pérdida de instituciones. Hasta que un día no quede más organización por controlar, como le sucedió a la UCD de la transición.

¿Hasta qué punto es irreversible esta lógica perversa? Las investigaciones sobre partidos saben explicar bien estos procesos de decadencia, pero tienen muchas dificultades para ofrecer antídotos. Lo paradójico de estos fenómenos de desintegración de partidos es que pueden darse incluso cuando sus propios adversarios políticos también experimentan dificultades. Desde nuestra modesta opinión, creemos que la única posibilidad que tienen los partidos con riesgo de implosión de impedirlo y revertir la amenaza de colapso pasa por reanudar el ciclo de recambio interno descrito anteriormente. Una derrota electoral no se lleva por delante a un partido necesariamente, siempre que este sepa leer las causas que la han precipitado y responda apropiadamente.

¿Cómo? Todos los partidos en proceso de crisis suelen apelar a la necesidad de renovar ideas y proyectos para volver a conectar con su base social y recuperar electorado. En algunos casos, incluso el líder puede radicalizarse temporalmente como estrategia para recuperar credibilidad y apoyo social. Sin embargo, suele pasarse por alto la condición sine qua non que implica todo proceso de renovación de ideas: la renovación de los propios dirigentes. Difícilmente un equipo dirigente, identificado con unas ideas políticas y un proyecto de gobierno, puede defender con éxito y credibilidad unas ideas y un proyecto distintos. ¿Podría Gordon Brown haberse separado del New Labour blairita como lo está haciendo Ed Miliband?

Lo cual abre un nuevo interrogante: ¿podría Ed Miliband haberse impuesto como líder del partido sin haber contado con el empuje y la implicación directa de los afiliados y sindicatos del Partido Laborista? Quizá sí, pero con muchas menos probabilidades de victoria.

Diversos estudios apuntan el recurso creciente de los partidos a renovar la forma de selección de sus jefes como instrumento de reacción ante situaciones de enorme adversidad política: graves derrotas electorales, pérdida progresiva de base social, abandono de sus militantes. Cuando la sociedad está cambiando profundamente, los partidos deben adaptarse con la misma determinación.

Pero hemos dicho que, en situaciones excepcionales, los líderes pueden resistirse a estos cambios hasta el punto de poner en riesgo la existencia de la formación antes que ceder el poder en el partido. Ante esta situación, el establecimiento del método de elección directa de los máximos líderes (o “primarias”) se está convirtiendo en un instrumento cada vez más extendido para contrarrestar la lógica perversa de elites que se resisten en extremo a su substitución. No se trata simplemente de utilizar primarias para elegir candidatos, sino también a los propios jefes de la organización, puesto que en los partidos occidentales el mando se encuentra en el control del partido. Se trata de aplicar la lógica aplastante de la democracia de los afiliados para conseguir derribar la no menos aplastante, pero más dañina, lógica del liderazgo cautivo en la cúspide de los partidos.

Sólo así parece posible reconducir la historia de los partidos hacia un nuevo escenario, igual de competitivo pero más cooperativo, en el que los máximos dirigentes puedan pensar: “gano si ganamos, aunque yo pierda”.

[Publicado en Agenda Pública]

Pocas veces encontraremos unos resultados electorales tan marcados por las paradojas como los del 25-N en Cataluña: la victoria contundente del partido de gobierno (con mucha distancia sobre el segundo rival) que, al mismo tiempo, sufre una derrota política severa; el crecimiento del independentismo y el alejamiento de la independencia; el hundimiento continuo del PSC y el alivio de sus dirigentes; el ascenso importante de muchos partidos pequeños que serán casi irrelevantes en esta legislatura.

¿Cómo es posible este cuadro tan peculiar? Al margen de otras lecturas más ideológicas, muchos opinadores señalan el fenomenal error de cálculo político que hizo el Presidente de la Generalitat al decidir acabar con la legislatura anticipadamente y apostar todo su discurso electoral al soberanismo, siguiendo la ola del estado de opinión creado después de la manifestación del 11 de septiembre. Según este cálculo, la decantación de una parte del nacionalismo soberanista catalán hacia posiciones independentistas habría creado una mayoría social que podría traducirse en una mayoría política en muy poco tiempo. Ante este escenario, el presidente de la Generalitat dedujo que había llegado el momento de buscar explícitamente una mayoría absoluta en el Parlamento que acabara con las dificultades que arrastraba su gobierno tras dos años de minoría parlamentaria. Tal como aconsejaron muchos creadores de opinión desde el espacio nacionalista, bastaba con que el Presidente se situara detrás de esa masa social soberanista y el éxito estaría casi garantizado. Sin embargo, con esta decisión Artur Mas infringió una lección política esencial: los dirigentes públicos que se dejan llevar por la multitud terminan sepultados por la realidad. Los grandes estadistas nunca van detrás de la gente. Aunque tampoco se alejan demasiado de ella.

Los resultados del 25-N tumbaron completamente este cálculo. ¿De qué manera? Cuando se convocaron las elecciones el pasado septiembre, reconozco que yo mismo apostaba por una mayoría absoluta del partido gobernante. No obstante, a medida que ha transcurrido el tiempo, el efecto deslumbrante de la manifestación del 11 de septiembre se ha disipado y ha dejado ver mejor el paisaje. El centro político en Cataluña se ha desplazado hacia el soberanismo, pero su electorado sigue siendo muy plural. En realidad, en estas elecciones ha habido mucha más continuidad de la que auguraban los pronósticos. Los equilibrios entre los grandes espacios electorales (izquierda/derecha, españolismo/catalanismo) no se han alterado fundamentalmente, aunque ahora hay más partidos efectivos para ocupar los mismos escaños. Esto no impide que se manifiesten tendencias de cambio que se vienen fraguando desde hace años en la sociedad catalana. Ninguna de ellas responde a un único patrón ideológico. La sociedad catalana no es unánime en su manera de fijar las prioridades políticas. Fijémonos en tres puntos.

Primero. Al abrir el debate sobre la independencia de Cataluña y centrar las elecciones en esta cuestión, Artur Mas logró movilizar al electorado: más de medio millón de nuevos votantes con respecto a 2010, alcanzando el récord de participación en las elecciones autonómicas en Cataluña. Como si fueran unas elecciones generales. Muchos de ellos votaban por primera vez en unas elecciones autonómicas. Y no lo hicieron en el sentido esperado. El Presidente movilizó decenas de miles de votantes en contra de su proyecto. A falta de estudios postelectorales, todavía no podemos saber si lo hicieron contra la independencia o contra su política de recortes sociales de esta legislatura. En cualquier caso, este punto suscita un interrogante clave: ¿se trata de una participación excepcionalmente alta o, por el contrario, la irrupción del debate soberanista ha activado tradicionales abstencionistas que seguirán participando en futuras elecciones autonómicas?

Segundo. Tal como sugerí en un texto publicado el mismo día de las elecciones, una elevada participación probablemente incrementaría la fragmentación del Parlamento. Bajan los dos partidos principales (el menor nivel de concentración del voto desde 1980). El incremento espectacular de participación no se alineó entorno a CiU, como parece que le habían pronosticado al Presidente. La apuesta le dio a Mas muchos votos, pero perdió muchos más. Los electores más favorables al discurso del Presidente desconfiaron, y probablemente con razón, de lo que este haría si obtenía una mayoría absoluta. Al otro lado, el PSC confirma su crisis estructural: tener un programa confuso sobre los temas claves (y especialmente sobre la crisis de crecimiento que vive Europa) y no disponer de líderes que lo expliquen claramente es una fórmula que no atrae a los ciudadanos. Más bien al contrario. Y en ERC están contentos por el ascenso con un líder nuevo y solvente, pero constatan una vez más que su crecimiento se hace siempre sobre la división parlamentaria del espacio nacionalista: hoy ERC y CiU suman exactamente el mismo número de escaños de 2003 (y uno menos que en la anterior legislatura). Después del 11-S, seguimos igual que hace 10 años.

Hay que decir, sin embargo, que el baile de votos fue considerable: todos perdieron y todos ganaron votos, tal como apunta una instructiva estimación preliminar de Ferrándiz y Toharia. Lo interesante es constatar cómo, cuando participa una parte excepcionalmente amplia del electorado catalán, este responde tal y como deberíamos haber esperado: con toda la pluralidad ideológica característica de Cataluña. Un hecho que confirma lo que se viene manifestando desde hace más de una década: se acabaron las grandes mayorías electorales del pujolismo. Si CiU y un debilitado PSC no logran reinventarse, el espacio político catalán al que nos dirigimos será más plural, fragmentado y sin una mayoría abrumadora como las de los años 80s. Sin hegemonía independentista ni mayoría españolista. Muy preocupada por los problemas sociales, pero también concernida por la cuestión territorial o nacional. En este sentido, el crecimiento de Ciutadans, la CUP y el voto en blanco (¡más de 90.000 votos!) son el indicador de que los partidos tradicionales de Cataluña empiezan a tener fugas de electores que reclaman una política más genuina.

Tercero. Esta fragmentación electoral nos conduce hacia a un escenario político catalán de gobiernos minoritarios, en los que la gobernación requerirá apoyarse en varios partidos. Es la lección que tuvieron que aprender los miembros del tripartito, y que CiU olvidó el 2006 y el 2010. Hoy es muy difícil que un partido solo pretenda gobernar Cataluña. Y menos aún en tiempos de crisis social. Esto ha sido una dura lección para Artur Mas, pero ahora se convertirá también en un reto para la responsabilidad de ERC, PSC o PP. Si no hay gobiernos de mayorías absolutas, tampoco habrá oposiciones cómodas y articuladas sobre la crítica pura a las decisiones gubernamentales. No será fácil estar en la oposición y querer gobernar desde allí. Por tanto, se necesitarán discursos políticos más sofisticados, más centrados en las políticas públicas, en detrimento de discursos maximalistas y que supeditan la gobernación a metas nacionales e ideológicas demasiado indefinidas. Quien no acepte el reto de gobernar o no haga una oposición constructiva, probablemente se verá superado por la exigencia de los ciudadanos. Sin embargo, la fragmentación de la oposición no lo deja fácil: algunos por miedo a perder lo que han ganado y otros temiendo perder aún más, será muy difícil que Mas obtenga un apoyo estable. Y menos aún si él sigue siendo el jefe del gobierno. ¿Quien querrá gobernar con un presidente quemado y en un escenario de enormes restricciones económicas y políticas?

En este contexto, no hay que perder de vista que el apoyo plebiscitario que Mas reclamó para avanzar hacia el Estado catalán ha recibido un empujón muy importante. La propuesta soberanista de Mas ha obtenido el apoyo (estimado) de cerca de dos millones de votantes. Sin embargo, este apoyo resulta insuficiente para emprender un proceso histórico como el que reclamaba el independentismo. Incluso el referéndum ahora parece poco viable. Primero habrá que saber si se pueden aprobar los presupuestos, impulsar leyes controvertidas o pagar las nóminas de los empleados públicos, entre otras imposiciones del día a día. Decisiones que, en la situación actual, no están garantizadas. Esto es lo que preocupa a Europa desde hace semanas.

Aún podríamos terminar con otra paradoja final: este baño de realismo que ha recibido el presidente Mas no significa que los problemas políticos que rodearon la disolución anticipada de la legislatura estén resueltos. El callejón sin salida del Estado de las autonomías, la demanda de más autogobierno, la reforma de la financiación, el coste social de los recortes y de la austeridad, el problema del sector bancario, la erosión de los sistemas de sanidad y de educación pública, o la degradación de la cohesión social siguen siendo hoy urgencias que hay que afrontar con realismo pero sin dilaciones ni tópicos ideológicos envejecidos. Sin embargo, el panorama ha cambiado: ahora tenemos un gobierno más debilitado, un Parlamento más dividido y una sociedad más polarizada. Es como hacer un sudoku a oscuras. Por estas razones, es probable que la legislatura que ahora empieza sea corta. Tanto como el futuro político del actual President de la Generalitat.

Las elecciones de hoy abrirán una crisis de Estado y acercarán Cataluña a la independencia, según algunos observadores. Para otros en cambio, permitirán un enfriamiento de la situación y la canalización del debate político catalán en términos menos rupturistas. Ambos escenarios son posibles, pero es probable que no se cierren tantas incógnitas como muchos desearían. Todo ello dependerá en buena medida del escenario que definen los resultados electorales: ¿cuánta continuidad se dará bajo el cambio aparente de los resultados? ¿Se está gestando un realineamiento histórico del sistema de partidos en Cataluña? Es probable que lo que haya sucedido en anteriores elecciones nos resulte de poca utilidad para explicar lo que sucederá en estas. Sin embargo, puede ayudarnos a identificar mejor las claves de los resultados. Para ello, ofrecemos a continuación algunas pautas de análisis basadas en los parámetros que se han venido registrando en las últimas citas electorales catalanas. Que sean más o menos útiles, lo sabremos el lunes 26 de noviembre.

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Se suele decir que los electores votan a los partidos de gobierno por lo que han hecho y a los partidos de la oposición por lo que pueden hacer. Sin embargo, a veces ocurre lo contrario. En las elecciones catalanas del próximo domingo 25 de noviembre, se resolverán dos interrogantes clave, sobre los que gravitarán el resto de resultados: si CiU obtiene mayoría absoluta o no (algo que hasta ahora las encuestas no garantizan, pero que en realidad se confirmará o no durante esta última semana de campaña) y si el PSC deja de ser el primer grupo parlamentario de la oposición. Paradójicamente, el primer interrogante no impedirá que, sea cual sea el resultado, Artur Mas salve la cara aparentemente: habrá conseguido resistir al frente del gobierno cuando hacía meses su situación política alimentaba muchas dudas. Los electores expresarán un voto prospectivo, basado más en las esperanzas depositadas en el incierto soberanismo de Mas que en la labor de gestión realizada por su ‘gobierno de los mejores’. Estará por ver cómo responde luego a esa confianza y cómo evita el riesgo de la frustración masiva que pueda generar el incumplimiento de las expectativas creadas.

En el caso del PSC se da la situación opuesta. Después de haber sido desalojado de casi todos los niveles de gobierno, su caída electoral continúa imparable. Y todo ello en el momento en el que crece la desigualdad y se degrada el estatus socioeconómico de buena parte de la clase media y asalariada. A pesar de esta situación, los votantes siguen alejándose del principal partido de izquierda catalán. No es fácil estar en la oposición en todas partes y seguir pagando el castigo de un voto retrospectivo. Pero el PSC lo consigue. Además de sus errores cometidos, el PSC parece haberse convertido en el pararrayos de la política catalana, contra el que se expresan los desencantados con la izquierda, los desencantados con la España autonómica y los desencantados con la política en general.

No obstante, los efectos de este colapso no se limitarán al espacio político socialista y rebasarán las fronteras catalanas. Sea cual sea el resultado, el 26 de noviembre se producirá una implosión de una de las claves de bóveda de nuestro sistema político: la que une el centroizquierda español mediante una coalición peculiar entre PSOE y PSC y, a través de ella, sostiene el estado autonómico tal como lo conocemos. ¿Suena muy dramático? Veamos.

En 1977 se fraguó en Cataluña un acuerdo sin precedentes: el PSOE decidió establecer una coalición electoral con el socialismo catalanista para evitar la división del voto de la II República y presentarse unidos a las elecciones generales. Este acuerdo fue una excepción en la estrategia del PSOE de no negociar candidaturas unitarias con otros partidos socialdemócratas o socialistas competidores. La estrategia salió redonda: el PSOE se quedó todo el espacio de centroizquierda y en Cataluña se convirtió en la primera fuerza electoral. La alianza culminó en la creación del PSC en 1978.

La entente PSOE-PSC es el mejor ejemplo de cómo el Estado autonómico fuerza a los partidos nacionales a adoptar acuerdos especiales en algunas Comunidades, al igual que sucedió entre IU e ICV y PP con UPN. No obstante, la influencia que el PSC ha ejercido sobre el resto de España ha sido mayor de lo que muchos ciudadanos han percibido. Desde la contribución en el gobierno en políticas esenciales ( Narcís Serra y Ernest  Lluch transformaron la defensa y la sanidad españolas) a la influencia en la organización de partido (por ejemplo, el PSC fue el primer partidoque instauró la política de cuotas en España para promocionar la presencia equitativa de mujeres en el partido y en las instituciones). Pero sin duda donde más influencia ha generado el socialismo catalán ha sido en la evolución federalizante del modelo autonómico, a través de sus aportaciones al PSOE y al impulso de la reforma autonómica. Las reformas estatutarias de la pasada década fueron el último capítulo. Sin el PSC, el Estado de las autonomías habría sido distinto.

Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el papel de los socialistas catalanes también fue acumulando contradicciones. No sólo cuando el PSC aceptó perder su grupo parlamentario, delegando en CiU toda la visibilidad política de las Cortes Generales. También cuando Josep Borrell se convirtió en el candidato del PSOE con la oposición encubierta de los dirigentes del PSC. O cuando inició la reforma del Estatuto catalán, sin acuerdo claro con el PSOE y cediendo la iniciativa a los partidos nacionalistas, permitiendo que CiU transformara la cuestión territorial en un subasta inflamable contra el tripartito. El desafío de Chacón al postularse como líder del PSOE fue la culminación de esta peculiar relación entre ambos partidos, basada más en el entendimiento personal de sus líderes que en el establecimiento de unas reglas claras y equitativas. El PSOE-PSC podía haberse acabado convirtiendo en la CDU-CSU alemana, que tan buenos réditos sigue dando a los conservadores alemanes. Pero no lo ha sido. ¿Qué pasará en el futuro?

Gráfico 1. Votos absolutos a PSC, CiU e ICV en las elecciones autonómicas

Gráfico: votos PSC, CiU y ICV

Fuente: IDESCAT. La estimación de 2012 se realiza a partir de datos sobre votación directa del CIS (Estudio 2965) sobre censo electoral de 2012.

 

Es altamente probable que los resultados del próximo domingo abran una catarsis en la izquierda catalana no independentista. Quizá empezarán preguntándose si prefieren seguir compitiendo por separado para dejar a CiU las mayorías electorales y regalando a PP y ERC la llave de la gobernabilidad. Aunque, como muestra el gráfico 1, el problema del centroizquierda catalán no es la competencia entre PSC e ICV. Es que la debilidad y falta de credibilidad de los socialistas catalanes expulsa votantes en todas las direcciones.

La lectura que hagan de esta realidad los aspirantes a dirigir el centroizquierda catalán en el futuro marcará el destino del PSC y del resto de partidos en Cataluña. ¿Refundación de la izquierda catalana o ‘valencianización’ de sus espíritus? ¿Se resignará el PSC a ser uno más de los partidos pequeños catalanes? ¿A competir con los otros partidos por ser el socio de un gobierno mayoritario de CiU?

Se impone actualmente la tesis que culpa de todo a la ambigüedad: se pierde por ser demasiado catalanista; por ser demasiado españolista; por no ser ni lo uno ni lo otro… Pero los partidos grandes son aquellos capaces de reunir a una mayoría social en torno a un liderazgo solvente y a un proyecto integrador, que por fuerza tiene que ser plural y ciertamente ambiguo. ¿No fue ese el proyecto que permitió superar el millón de votantes que obtuvo Pasqual Maragall en 1999 y 2003?

Los efectos no se circunscribirán a la política catalana. Si la izquierda catalana decidiera en el futuro ser algo más que una constelación de siglas y proyectos municipales, refundando el pacto de 1978, probablemente deberá hacerlo volviendo a los orígenes y replanteando también la alianza con el PSOE que se produjo en 1977. Difícilmente el socialismo español puede hoy defender un programa federal creíble para España si no es posible aplicarlo ni siquiera a su referente político en Cataluña. Por supuesto, el PSOE procurará adelantarse a los acontecimientos. Ante este dilema trascendental, algunos sugieren que el PSOE siga la estrategia de Julio Anguita ante el conflicto con IC a finales de los años 90: mejor solos y por separado. Fue el hundimiento de lo que quedaba del comunismo en Cataluña. ¿Estará dispuesto el PSOE a renunciar a obtener de nuevo el millón y medio de votos que Cataluña le dio en 2004 y 2008?

Treinta y cinco años después, debe imponerse la inteligencia de nuevo. El futuro del soberanismo catalán también depende de ello.

[Editorial publicada a Agenda Pública].

Los recientes acontecimientos han vuelto a reabrir el debate interno en el principal partido de la oposición sobre su orientación estratégica y, particularmente, sobre los mecanismos internos para decidirla. Esto ha devuelto a la mesa pública la consideración sobre la conveniencia de concretar el calendario para unas elecciones ‘primarias’ que elijan el próximo candidato del PSOE a la presidencia del gobierno.

Desde la salida de Felipe González, la renovación del liderazgo del PSOE ha puesto a prueba la capacidad del partido para realizar una sucesión controlada, integradora y, al mismo tiempo, abierta y aceptada por sus bases sociales. Las primarias de 1998 significaron un especie de vacuna anti-primarias para las elites del partido, una prevención más propiciada por la mala gestión que el partido hizo de aquel resultado que por la propia experiencia en sí. La victoria de Zapatero en el congreso de julio de 2000 pareció demostrar la eficacia de la elección representativa frente a la elección directa de todos los miembros.  Ciertamente, resultó un proceso competitivo y renovador. Tanto como la elección de Rubalcaba en el reciente congreso de febrero de 2012.

Y, sin embargo, se extiende la sensación de que este sistema hoy es menos satisfactorio y aceptado por la ciudadanía progresista. No ha ayudado nada cómo los socialistas han ido cerrando en falso la designación del primer candidato en las últimas convocatorias (elecciones generales de 2011 y autonómicas de 2012 en Galicia y Cataluña). Más bien estas experiencias han alimentado las dudas sobre la viabilidad de verdaderas primarias en manos de elites que no creen en él. ¿Son las primarias la solución a los problemas del PSOE?

Al plantear primarias en los partidos suele suceder igual que cuando proponemos una reforma electoral: pensamos en la próxima elección concreta y en los candidatos que se verán beneficiados o perjudicados por ello. Según nos convenga o no la predicción de ese cálculo, así nos posicionaremos en el debate. Y con ello perdemos de vista el verdadero papel y la contribución que pueda aportar el instrumento. Por ello, la discusión sobre las primarias debe realizarse, si es posible, más allá de su valor instrumental inmediato para resolver la batalla particular entre dos candidatos o dos facciones del partido. En el fondo de ese debate, se está planteando hasta qué punto los partidos deben cambiar y en qué dirección debe orientarse el cambio.

Con las primarias nos encontramos ante uno de los varios posibles mecanismos que los partidos europeos han utilizado en las últimas décadas para elegir las principales figuras de los partidos. Quizá los ejemplos que puedan resultar más conocidos son los precedentes más cercanos: la elección de Ségolène Royal en noviembre de 2006, la del italiano Walter Veltroni en junio de 2007 o la de François Hollande en octubre de 2011. La experiencia francesa parece haber despertado muchas conciencias entre la izquierda española, aunque esto en realidad lleva a un equívoco: las primarias no son una mera importación americana realizada por franceses o italianos, ni resultan algo novedoso, desconocido u original. En realidad, este mecanismo lleva años difundiéndose entre partidos de todo color ideológico y de toda la geografía europea. Las primarias es el futuro que nos viene y que en otros países acumula ya un número de experiencias suficientemente relevante para que podamos extraer lecciones, plantear argumentos y derribar mitos.

Cabe hacer una segunda precisión, en este caso sobre el objeto. ¿Primarias para elegir qué? En un primer momento, el método de elección directa se utilizó para seleccionar candidatos. Pocos han reparado en el hecho de que todo proceso electoral (general, autonómico o municipal) suele comenzar mucho antes del día oficial de la elección. Nuestros representantes empiezan a ser elegidos el día en que son seleccionados por los partidos. Desde esta perspectiva, tiene todo el sentido democrático dejar la decisión en el mayor número de ‘selectores’ posible: los afiliados, los simpatizantes o, los electores en general.

Sin embargo, en la última década el método de elección directa se ha ampliado a los principales cargos orgánicos de los partidos. No sin resistencias por parte de los aparatos. Con razón: en nuestros partidos europeos, el control real del poder recae sobre los cargos orgánicos. En caso de ensayo, los partidos prefieren comenzar aplicando el método a zonas menos críticas: los candidatos. Al fin y al cabo, un candidato alternativo, ajeno al círculo dirigente del partido, deberá negociar con éste el uso de los recursos para su campaña. Las genuinas ‘oficinas de los candidatos’ sí que son todavía un hecho intrínsecamente americano, nada europeo.

El verdadero sentido del debate entorno a las primarias estriba en su finalidad. Primarias, ¿para qué? ¿En qué mejoran las primarias la elección realizada por delegados en un congreso? ¿Ganar visibilidad para los candidatos y líderes desde el primer momento? ¿Reforzar los partidos reforzando al conjunto de sus afiliados y simpatizantes? ¿Ampliar la transparencia y la eficacia en la selección de los dirigentes y cargos públicos? ¿Hacer más permeable la relación entre partidos y sociedad? ¿ Reforzar incluso la idea de Europa?

La proliferación del uso de las primarias abiertas, cerradas, parciales, combinadas y demás versiones suele apuntar una realidad emergente en Europa: la necesidad de los partidos por abrirse más a la sociedad y detener la pérdida de militantes, dándoles mayor voz en las principales decisiones de la organización. Con ese objetivo, a menudo la adopción del mecanismo de elección directa de líderes y candidatos tiene sentido en el marco de cambios internos para favorecer el rendimiento de cuentas, la transparencia, la competición y la participación política. Estos cambios no sólo afectan, por tanto, a la elección de cargos sino también al diseño y aprobación de los programas de los partidos, su cumplimiento en caso de acceder al gobierno, el control de los representantes del partido en las instituciones, la transparencia de la financiación o incluso al papel de los partidos en las relaciones entre Estado y sociedad. En consecuencia, el debate no debería simplificarse entorno a la disyuntiva sobre primarias sí o no. En el fondo, no sólo estamos hablando de qué partidos queremos sino de a qué democracia aspiramos.

La experiencia nos dice aquí que existe una línea divisoria que distingue aquellos partidos que recurren a las primarias como último recurso, improvisadamente y casi forzados por unas malas expectativas que las propias primarias no pueden conjurar, de aquellos otros que apuestan genuinamente por la elección directa de cargos y candidatos en el marco de progresivas reformas en las reglas de juego internas. En estos últimos casos, las primarias son el signo de un verdadero cambio en los partidos. Otra cosa bien distinta es la recompensa por estos cambios: el éxito electoral viene cuando viene, que no es a menudo. Y los efectos internos no tienen por qué conllevar tampoco una transformación abrupta del círculo dirigente de los partidos. A veces incluso sucede lo contrario.

En este contexto de proliferación de las primarias, llama la atención las enormes resistencias al cambio que manifiestan la mayoría de partidos españoles, con contadas y a veces discutibles excepciones. Los relativamente pocos casos de elecciones primarias que se han dado(principalmente en el nivel autonómico y local) suelen ser producto de la incapacidad de la organización por impedirlas. Muchos son los partidos que las convocan, pero muchos menos los que suelen acabar celebrándolas competitivamente. Una vez más, el efecto de la Transición: las reglas del juego político en España protegen a las cúpulas de los partidos y desincentivan a experimentar formas más abiertas de funcionamiento y competición. Tampoco las actitudes de los propios electores contribuyen a ello, premiando a menudo la disciplina de sus representantes frente a la manifestación de la pluralidad interna en los partidos.

Si el marco institucional y la cultura política de los españoles no incentivan a los partidos a asumir riesgos, tampoco deberíamos esperar que los cambios en la elección de líderes y candidatos vengan ocasionados por una presión creciente y decisiva de sus propios afiliados. Como han demostrado algunos trabajos recientes, el impulso de la democracia interna suelen reivindicarlo los sectores menos implicados en la vida de la organización, los más críticos con los líderes y los que llevan menos tiempo en el partido. Es decir, precisamente aquellos que menos influencia pueden ejercer sobre las reglas internas. Al contrario, a medida que los miembros dedican más tiempo a la vida de estas organizaciones, a medida que aumenta su experiencia y disminuye el potencial de voz crítica (por pragmatismo, por resignación), su talante se vuelve más adaptativo y menos exigente. Aquellos que no asumen la lealtad interna a los partidos, suelen preferir el abandono o la desmovilización antes que la reclamación organizada por cambiar el partido desde dentro.

En la línea de la preocupación por las reformas institucionales que mejoren nuestra democracia, planteamos abiertamente el debate sobre si debemos resignarnos a que los partidos sigan resistiéndose a reformar sus normas internas de funcionamiento. La ley de partidos de 2002 sirvió para ilegalizar a Batasuna, pero no tenemos claro que sirva para auspiciar una mejora en el funcionamiento de los partidos como actores clave de nuestra democracia. Ni siquiera es capaz de propiciar que los casos de corrupción en los partidos se penalicen con la misma contundencia que, por ejemplo, el impago de una hipoteca por parte de una familia modesta. Dado que los partidos hoy pueden ser considerados entidades de utilidad pública, deberíamos empezar a considerar si pueden seguir disfrutando de la abundante financiación pública que obtienen con nuestros impuestos sin que los ciudadanos podamos exigir, a cambio, mayor transparencia y permeabilidad en su funcionamiento. Ahí radica, a nuestro entender, el verdadero trasfondo del debate sobre primarias.

Con todo, la debacle electoral del PSOE debería ser un estímulo decisivo para que los socialistas pierdan el miedo a mayores reformas internas. Al igual que ha sucedido en otros partidos europeos, la actual situación de crisis le brinda una oportunidad sin precedentes para abrir una nueva etapa en la vida política española. Las primarias no son de izquierdas, pero hoy la izquierda española está en disposición de hacer de las primarias una de sus banderas para la renovación política. Las primarias no significan necesariamente renovación de las elites, pero a través de las primarias puede resultar más plausible la circulación interna de los dirigentes y la incorporación de nuevos miembros. Y sobre todo, las primarias no aseguran la victoria electoral en ningún caso. Pero difícilmente un partido abandonado por sus bases sociales hoy volverá a recuperar la confianza de los ciudadanos si rechaza dar a sus afiliados y simpatizantes mayor voz en los asuntos del partido. Y eso significa, sí a las primarias. Pero no sólo.

[Editorial publicada en Agenda Pública].

Este escenario es altamente probable dadas dos particulares disfunciones de la política española: la ausencia de oposición interna y la debilidad de la oposición externa a la política del gobierno. Unas disfunciones que ponen de manifiesto la baja calidad en la rendición de cuentas que se da en nuestras instituciones públicas (más allá de las elecciones y del estricto acatamiento de la ley), así como de la enorme “tolerancia” que demuestran los ciudadanos hacia los errores de cálculo y las decisiones equivocadas de nuestros dirigentes políticos.

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Los congresos de los partidos políticos son esencialmente citas electorales internas para escoger quiénes serán los próximos líderes de la organización (a veces también se aprueban ‘cosas programáticas’, pero eso siempre es secundario y sólo es noticia si el congreso no da para más titulares). Hay dos tipos de congresos: en los que hay una disputa abierta por el liderazgo y en los que simplemente se ratifica la continuidad de la coalición dominante (se mantenga el mismo líder o se substituya por otro). El 38º Congreso Federal del PSOE fue de los primeros, algo que, desde Suresnes, sólo había vuelto a suceder anteriormente en 2000 (y furtivamente en 1979). En 1997, la renuncia sorpresiva de González y la elección in extremis de Almunia fue una estrategia para evitar justamente un congreso disputado. Ello no impidió que, en poco tiempo, las bases manifestaran su revuelta mediante la elección de Borrell como candidato. Esta ausencia de competencia abierta en la lucha congresual por el liderazgo de la organización es un rasgo generalizado entre casi todas los partidos en España. Normalmente los cuchillos sólo vuelan en la cocina.

¿Quiénes se enfrentaban? La prensa ha explicado este 38º Congreso como la lucha entre dos candidatos de perfil realmente opuesto (un experimentadísimo e inteligente dinosaurio del partido, representante del PSOE forjado por González & Guerra a finales de los 70, y una desacomplejada catalana de corta pero fulgurante carrera a la sombra de Zapatero). En la realidad, como siempre sucede, la disputa se ha producido más bien entre dos alianzas de facciones territoriales enfrentadas en cada federación. Así, Chacón estaba apoyada principalmente por los sectores dominantes en Andalucía, Madrid, Aragón y Castilla la Mancha, además del núcleo duro del PSC, junto a los sectores opositores de Galicia, Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana, entre otros. Las huestes de Rubalcaba reunían el campo adversario de cada federación, con un peso especial del del socialismo vasco, los críticos con Tomás Gómez y, en general, la España del norte. Un repaso de los congresillos previos define con precisión la geografía interna socialista. Con ciertos matices, la fotografía ha sido un PSOE partido en dos. La línea ideológica divisoria no es fácil de definir (al fin y al cabo, hablamos del mismo partido), pero, si se nos permite simplificar, se puede decir que los sectores más federalistas y de nueva izquierda estaban con Chacón, mientras que los más tradicionales, unitarios y de izquierda obrerista se alineaban con Rubalcaba.

El resultado concluyó en una victoria por la mínima de Rubalcaba: después del talante de Zapatero, un aparente retorno al PSOE de orden que el eje vasco-sevillano refundó en la Transición. No obstante, este desenlace se puede interpretar más como un intermedio que como algo definitivo. La evolución del partido y del liderazgo de Rubalcaba la marcarán tanto el acierto de su gestión interna como los caprichos de la fortuna. Para empezar, el calendario electoral de los próximos doce meses puede dejar por el camino la pérdida de los últimos bastiones autonómicos y el encadenamiento de cuatro derrotas en pleno apogeo reformador del PP. Internamente, Rubalcaba deberá ahora ganar autoridad en las federaciones más relevantes. De ahí su apelación a la unidad, entendida como un rassemblement del partido en torno a él. Chacón podría haber realizado una ejecutiva más integradora, porque la meta era la secretaría general. Rubalcaba necesita imperiosamente asentar su predominio sobre el conjunto de la organizacion. De lo contrario, en las casi seguras primarias de 2015, los afiliados y simpatizantes pueden enmendar rotundamente el voto de los delegados de este congreso.

Lo ajustado del resultado demuestra cuánto ha cambiado el PSOE respecto a aquel que gobernó España y perdió ante Aznar. La década Zapatero acabó con las divisiones felipismo-guerrismo, una lógica que pertenece ya al pasado. Y lo que viene no es exactamente rubalcabismo frente a chaconismo. En realidad, será en los congresos regionales de las próximas semanas cuando empiece a perfilarse hacia dónde se encamina el nuevo PSOE: ¿reafirmación de la socialdemocracia con discurso nacional español o ensayo de nueva izquierda federal con tonos populistas?

Un apunte catalán: se ha sobredimensionado el protagonismo del PSC en la apuesta de Chacón. Siguiendo la tesis expuesta en las líneas anteriores, Chacón no era la candidata del PSC, sino la candidata que arrastró a gran parte del PSC con ella, abriendo un inédito precedente en las relaciones entre ambos partidos. Aunque hubiera generado contradicciones y riesgos inciertos, la victoria de la candidata catalana no perjudicaba ni beneficiaba necesariamente al PSC. Como tampoco lo hace la victoria final de Rubalcaba. Todo dependerá de lo que quieran hacer los actuales dirigentes del PSC. Tanto con Rubalcaba como con Chacón, la cuestión sigue siendo la misma: ¿hasta qué punto querrá el PSC ejercer en la práctica su condición de partido autónomo? ¿Conllevancia o conveniencia? La victoria de Chacón no resolvía en absoluto este interrogante.

Por esta misma razón, la derrota de Chacón tampoco tendrá las mismas consecuencias para el PSC que para el resto de facciones regionales que le apoyaron. Mientras que muchos otros se han jugado el cuello político con la apuesta, los delegados catalanes volvieron cansados pero tranquilos a casa. El círculo dirigente del PSC mantiene sus dos puestos en la ejecutiva federal y Rubalcaba sabrá mantener una relación excelente con ellos… ¿para que todo siga igual?

Para saber más:

M. Méndez (2000): La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996), Madrid, CIS.

A. Panebianco (1990): Modelos de partido, Madrid, Alianza [Cap. 3: Coalición dominante y estabilidad organizativa]

J. Rodríguez Teruel, O. Barberà, A. Barrio y M. Baras (2010): «¿Se han hecho más democráticos los partidos en España? La evolución en las reglas de elección del líder (1977-2008)«, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LII, núm. 208, enero-abril, pp. 159-183

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